martes, 27 de diciembre de 2011

 
Suplentes concluirán casos pendientes

27/12/2011 | Ed. Imp.
(Diario Opinión de Cochabamba)
 
Según la Ley de Transición, las causas pendientes estarán a cargo de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia y las nuevas serán llevadas por las autoridades titulares que asumirán su cargo en enero.

La ley establece que el Tribunal Supremo de Justicia, en el plazo máximo de siete días a partir de la posesión de los magistrados, conformará las Salas Liquidadoras con los suplentes, quienes resolverán todas las causas pendientes de resolución hasta este 31 de diciembre, en el plazo de 36 meses.

De acuerdo a la ley, la Sala Plena, de manera excepcional, podrá ampliar ese término hasta un máximo de 12 meses adicionales. En ese Tribunal existen 8.880 procesos acumulados a la fecha.

El Tribunal Supremo de Justicia contratará los servicios de una firma de auditoría externa para la realización de auditorías especiales y de cierre institucional. En caso de establecerse responsabilidades, las máximas autoridades deberán iniciar los procesos correspondientes.
SALAS LIQUIDADORAS Las salas liquidadoras del Tribunal Agroambiental, conformadas por los suplentes, serán responsables de la liquidación de hasta la última demanda ingresada hasta el 31 de diciembre, en el plazo no mayor de 12 meses.

En el caso del Consejo de la Judicatura, los procesos disciplinarios que se encuentran en estado de apelación serán resueltos hasta su conclusión por la instancia de liquidación a ser instaurada por el Pleno del Consejo de la Magistratura, en un plazo máximo de 12 meses.

El Tribunal Constitucional, a través de los magistrados suplentes, deberá despachar en dos años 3.151 procesos pendientes.
JUSTICIA GRATUITA En otro artículo dispone, para garantizar la gratuidad de la justicia, a partir de enero de 2012, la supresión y eliminación de “todo pago por concepto de timbres, en todo tipo y clase de proceso”; y a partir del 3 de enero de 2013, “se suprimirán y se eliminarán pagos por formularios de notificación y papeletas de apelación”.

“Esto va a garantizar el acceso libre de cualquier ciudadano, que no podía hacerlo ahora, por falta de recursos. Se está yendo a una administración más transparente y menos corrupta”, destacó la senadora Amalia Antonio (MAS). Para suplir los ingresos por estos conceptos, que percibe el Poder Judicial y destina para gastos de funcionamiento, la ley obliga al Tesoro General de la Nación asegurar al Órgano Judicial los recursos necesarios.

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